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COLUMNA DE OPINIÓN Y MATERIAL ACADÉMICOS:

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Breve análisis crítico sobre el financiamiento de los Partidos Políticos

17 Noviembre 2017

Probablemente el descontento social, el descrédito de la clase política a propósito de una serie de escándalos que han tenido que ver con corrupción y financiamiento irregular de la misma, obviando y transgrediendo las normas legales existentes, ha generado una necesidad de contar con una regulación estricta que aspire a concretar los principios de transparencia, controlando y limitando el gasto electoral. Sin embargo, existe rechazo, o a lo menos resistencia por parte de la población – en general, no solamente la población votante – cuando conocen que la normativa contempla financiamiento público a las campañas electorales.

Considerando que el ejercicio de la soberanía es precisamente a partir de las elecciones periódicas, es indispensable que el Estado garantice una igualdad en la participación, como se advertía al inicio de este ensayo. “Dejar que las urnas hablen supone el abandono de medios violentos. También requiere de igualdad de acceso a los medios de comunicación, y, en la práctica, algunas condiciones de competitividad que dependen de circunstancias socioeconómicas y culturales (igualdad de medios para financiar una campaña)”1

Ahora bien, es posible plantearse la siguiente interrogante. ¿Es efectivo que la ley N° 19.884, “Sobre Transparencia, límite y control del gasto electoral” cumple con estándares adecuados y si finalmente logra concretar esta igualdad de oportunidades en la actividad política que una persona emprenda, principalmente analizando el financiamiento privado que realizan los particulares a campañas electorales.

Curioso resulta el hecho de que la ley 19.884, en su título primero, párrafo primero, en sus artículos del 8 al 12 nada mencione sobre el conocimiento o publicidad que se realice de la persona natural o jurídica que realice aporte. Curioso porque la tendencia en el ámbito público es siempre la transparencia y publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Es aquí en donde no es posible perder el centro. Esos aportes están siendo destinados por particulares para futuros servidores públicos, que a su vez, realizarán funciones de carácter público.

Desde ese punto de vista no resulta razonable que la reserva de la identidad del donante sea considerada como un instrumento que permitirá frenar intercambios de carácter corrupto, muy por el contrario. En el caso de que sea público el origen del financiamiento restablecerá la confianza perdida de la ciudadanía.

En este mismo orden de ideas “argumentar que un sistema totalmente transparente estimularía la corrupción es equívoco. Hoy, con o sin reserva, existen fuertes incentivos para subdeclarar gastos de campaña. No es la transparencia la que estimula la corrupción, sino que es la falta de mecanismos efectivos de fiscalización de los gastos de campaña. Muy por el contrario, la transparencia ayudaría a determinar con mayor precisión qué sectores económicos están favoreciendo a determinadas candidaturas y cómo ello se ve reflejado en los intereses que posteriormente defienden los actores políticos.”2

Junto con la transparencia del origen de los dineros que fueron utilizados en campañas electorales, es necesario contar con un sistema real, efectivo y eficaz de fiscalización, de manera que vele por la publicidad, la equidad y el control democrático.

El mismo Presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santa María, declara que “tan grave o quizás más grave que un incumplimiento de parte de los candidatos que han cometido un delito o una falta en el financiamiento de su campaña, es que el organismo que está llamado a fiscalizarlos tenga las obligaciones, pero no tenga el financiamiento y el personal para cumplirlo”3.

Abordar ambas aristas resultará difícil, pero sin duda es una labor de la cual no es posible eximirse. “La experiencia comparada en la regulación del financiamiento en la política demuestra que es un campo en donde no hay soluciones universales. Ante cada cambio legal, surgen conductas encaminadas a burlas las previsiones del legislador. Detectada la falla, se dictan nuevas normas y se busca corregir los errores o hacer más estrictos los controles. Y la historia se repite, a tal punto que se suele hablar, en esta materia, de la legislación interminable”4

Precisamente, en el caso de Chile, estos dos puntos se encuentran regulados a nivel legislativo, con una ley recientemente mejorada, pero claramente requieren ser perfeccionados, siempre acorde a nuestra idiosincrasia, historia, tanto pasada (MOP GATE, Chiledeportes) como reciente (Penta, SQM, Yategate y Caval), y a las nuevas necesidades y requerimientos que tenga la ciudadanía.

Ello es del todo necesario. En cada proceso eleccionario que se enfrenta no encontramos ante una abstención que se incrementa, arriesgando un quiebre o desestabilización del sistema. La democracia requiere mayores y mejores niveles de participación, que demuestren un compromiso real con el futuro de nuestro país, tanto de electores como de candidatos.

Macarena Villalobos Mena
Líder académico en Derecho Público
Universidad de Las Américas

 


1 Navarrete Yáñez, Bernardo (2001). El financiamiento de los partidos políticos. Una mirada a la teoría y a la experiencia de América Latina. p. 13.

2 www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/10/01/platas-reservadas-y-nuevo-regimen-de-financiamiento-politico/

3 www.servel.cl/servel-mete-presion-a-la-moneda-exige-que-regulacion-del-financiamiento-de-la-politica-este-aprobada-en-septiembre

4 Ramírez, Jorge (2015). “Financiamiento de la Política: Evaluación, Experiencia comparada y propuestas”. Libertad y Desarrollo. p. 28

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